Propuesta de trabajo parlamentario

Consuelo Ocampo Cano (propietaria)

María de los Ángeles González Hernández (suplente)

Precandidatas ciudadanas a Diputadas por Xalapa

Promover una Reforma Fiscal con impuestos progresivos para permitir el combate a la inmoral desigualdad que impera en México. No basta con programas para combatir la pobreza si no se atiende a la causa principal que la genera: la lacerante desigualdad. Para ello se requiere un Reforma Fiscal que garantice recursos públicos para una redistribución de la riqueza y para que el Estado pueda asegurar el derecho de todos los mexicanos al bienestar y la felicidad. Actualmente la recaudación fiscal de México es de +/-10%, una de las más bajas del continente y del mundo. México ocupa el penúltimo lugar en desigualdad entre los países miembros de la OCDE, sólo superado por Chile. Según la última evaluación de este organismo, el 10% de la población concentra el 60% de la riqueza que se genera socialmente. Hacer que las grandes empresas paguen impuestos suprimiendo privilegios fiscales y evasión de impuestos. Gravar las operaciones de bolsa.

Disminuir el ISR que pagan los trabajadores y los pensionados, así como  las tasas que pagan las pequeñas y medianas empresas. Tal medida permitirá aumentar el consumo interno y dar un repunte al comercio y la producción de bienes de consumo, así como de infraestructura: Vivienda y otras. Ésta medida puede ser el gran reactivador del crecimiento, si aumenta la demanda, tendrá que aumentar la producción, con la consiguiente creación de empleos estables y bien remunerados.

Defensa de la Educación Pública, laica y gratuita tanto en el terreno propiamente legislativo como en el tema de la asignación de gasto público suficiente, particularmente para la educación superior y el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Asegurar la recomendación de la UNESCO: 1% del PIB. Legislar a fin de que se asegure una efectiva regulación de las Instituciones de Educación privadas encaminada a garantizar la calidad con equidad, de los servicios educativos que ofrecen.

Reorientación del gasto público hacia la generación de empleos bien remunerados mediante el incremento del gasto productivo y la reducción de los gastos de la administración pública en concordancia con una política que se oriente por el principio de la austeridad republicana. En particular la reducción de los elevados sueldos, los privilegios y las prebendas de los altos funcionarios de la administración pública, así como de los diputados y senadores. Resulta inmoral un gobierno rico en un país con el 50% de sus habitantes viviendo en pobreza. La reorientación del gasto público, debe garantizar el ejercicio pleno y universal de los derechos sociales a todos los mexicanos: particularmente educación, la salud y el sistema de pensiones y jubilaciones. Estas cuestiones constituyen un  imperativo moral.

Combate a la corrupción. Puede decirse que la corrupción es una de las principales causas de la desigualdad y de la actual tragedia nacional. Nada ha deteriorado más a México que la corrupción. Para ello, se requiere modificar las leyes en las que se sustenta la contraloría y la Secretaría de la Administración Pública y asegurar jurídicamente, una efectiva fiscalización en el uso de los recursos públicos de la federación.

Reforma Política: Impulsar una reforma política profunda que garantice la revocación del mandato y libere de trabas el ejercicio del referéndum, el plebiscito y la iniciativa popular. Reducir el gasto público en el ejercicio de la democracia política y el funcionamiento de las instituciones que la hacen posible.

Derechos humanos. Revisar y reformar todas las leyes secundarias vinculadas a la materia a fin de armonizarlas con los avances logrados en la constitución.

Reformas a la Ley General de Salud para garantizar el principio de equidad de género y el derecho pleno de las mujeres a decidir libremente sobre su cuerpo. Reformar el Artículo tercero fracción cuarta de dicha ley para remplazar la “salud materno infantil” por el concepto de salud sexual y reproductiva. Impulsar el presupuesto y el control de su ejercicio, en materia de programas de salud con perspectiva y equidad de género. Transformar el sistema de protección social en salud, de un mecanismo de financiamiento sin controles efectivos en ningún nivel de gobierno, en una orientación de recursos públicos para estructurar un sistema nacional de salud que garantice el acceso universal con equidad a la atención de la salud de todos los mexicanos. La legislación en materia de salud, debe estar sustentada en los principios del Estado laico y los avances en la ciencia.

Elevar a rango constitucional el derecho de todos los mexicanos a la alimentación.

Legislar para defender nuestros cultivos nativos de los transgénicos.

Reforma en materia de Comunicaciones para democratizar los medios, combatir los monopolios de Radio y Televisión y fortalecer la radio y la televisión cultural, educativa y comunitaria, asegurando recursos para el cumplimiento de su importante labor.

Frente a la crisis de inseguridad y de violencia, promover una legislación en materia de seguridad ciudadana poniendo por delante el respeto de los derechos humanos, la protección de las víctimas y el combate a la impunidad y la corrupción en la impartición de justicia. La mejor manera de combatir la inseguridad y la violencia es mediante la generación de oportunidades de educación gratuita y de calidad para los jóvenes y de empleos bien remunerados. Hay que legislar en materia de lavado de dinero. La paz y la tranquilidad sólo pueden ser frutos de la justicia. “La solución de fondo, la más eficaz y la más humana, pasa por enfrentar el desempleo, la pobreza, la desintegración familiar, la pérdida de valores y por incorporar a los jóvenes al trabajo y al estudio.” Todo ello encaminada a Promover una paz con justicia y dignidad.

Defensa de los bienes de la nación y de las empresas públicas: minería, petróleo y energía eléctrica. No a la privatización de los bienes de la nación. Nos opondremos a los gasolinazos. Legislar para recuperar y asegurar que las industrias energéticas sean palancas del desarrollo nacional. Liberar a los combustibles del pesado Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios –IESPS. Que Pemex pueda ejercer su autonomía para disponer de la mayor parte de sus ingresos para la expansión de la industria: La construcción de las refinerías para evitar la importación de combustibles, generación de empleos y de demanda de bienes de capital para esa industria. Reforma a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 en Materia de la Industria Petrolera para evitar el otorgamiento de contratos para la explotación de yacimientos, como lo está haciendo actualmente Pemex, en violación de lo establecido en la Constitución.

En la industria eléctrica se requiere de reforma a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica para:
Suprimir la denominada generación independiente, cuya producción total es vendida a la Comisión Federal de Electricidad -CFE- y hacerla congruente con la Constitución, la cual establece que corresponde a la nación todo el proceso, desde la generación hasta el suministro del servicio público de energía eléctrica.
En el mismo tenor, establecer límite a la denominada generación de autoabastecimiento, para evitar la simulación y el actual mercado disfrazado de compra-venta de energía eléctrica entre particulares. Tal simulación llega ya hasta los municipios que mediante aprobaciones de algunos congresos estatales aceptan acciones de empresas generadoras y celebran con ellas contratos de abastecimiento para el alumbrado público.
Revisar la reciente Ley sobre energías renovables para que sea congruente con la Constitución que reserva a la Nación el aprovechamiento de los recursos naturales para la generación eléctrica, por ejemplo, agua de los ríos y aire.
Dotar a la Comisión Federal de Electricidad de una Ley Orgánica que le otorgue autonomía de gestión y le permita su consolidación como empresa del Estado verticalmente integrada –generación, transmisión y distribución- y horizontalmente –todo el territorio nacional-:

• Garantizar la satisfacción de la demanda de energía eléctrica presente y futura.
• Proporcionar un suministro con estándares internacionales en continuidad y calidad del suministro.
• Definir reglas claras para las tarifas eléctricas que eviten los abusos y la descapitalización del organismo.
• Diversificar las fuentes de generación, para superar con oportunidad el fin de la era de los combustibles fósiles, mediante una transición ordenada a las nuevas fuentes de energía, aprovechando de manera óptima los recursos naturales –sol, viento, oleaje, etc.-
• Uso de la red eléctrica para otorgar servicios de transmisión de datos, telefonía e Internet.

Legislar en materia de defensa y protección del medio ambiente a fin de garantizar la defensa de nuestros recursos naturales, bosques, selva, agua, aire, etc., combatir el cambio climático, reducir la producción de gases de efecto invernadero, reducir la producción de basura y regular su adecuada gestión y promover un desarrollo sustentable.